Propiedad Intelectual y Arquitectura IV [Los derechos Morales]

Los derechos morales de LA OBRA ARQUITECTÓNICA                                      

O de los derechos personalísimos que acompañan a la obra.

Como se ha expuesto en anteriores entregas, la propiedad intelectual otorga a las obras que pueden ser consideradas originales una serie de derechos económicos y morales. Los primeros, analizados en nuestra segunda entrega, son aquellos que permiten a su titular prohibir o autorizar los actos de explotación de la obra y exigir, en su caso, una retribución a cambio de la autorización concedida. Los derechos morales, sin embargo, se alejan de la faceta patrimonial para proteger escenarios más sensibles, estrictamente vinculados con la personalidad del autor y llamados a reconocer y poner en valor la singularidad de las obras.

Entre ellos destaca el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra y el reconocimiento de la condición de autor. Precisamente este derecho, también denominado derecho de paternidad, ofrece la posibilidad de exigir el reconocimiento de la condición de autor siempre y cuando el soporte sea idóneo para ello. Así, resulta complicado mencionar en un spot publicitario a los diferentes autores de la obra resultante, lo que no ocurrirá en el soporte arquitectónico -desde el plano hasta la obra construida- en el que siempre será posible la ubicación del nombre del arquitecto en un lugar visible.

Llama la atención que un derecho reconocido negro sobre blanco por la legislación de propiedad intelectual no se utilice en la práctica arquitectónica de una forma más habitual lo que no solo perjudica al autor, que verá mermada la posibilidad de ser reconocido como tal, sino a la labor de sensibilización hacia la arquitectura que el reconocimiento de la autoría puede desempeñar en un público desconocedor de la disciplina que construye nuestras ciudades. No debe olvidarse al respecto que hacer visible al autor será útil tanto para proteger un patrimonio que es de todos más allá de los propietarios como para establecer un sistema de comparación, valoración y estímulo de la autoría consciente de las creaciones arquitectónicas, cuestiones ambas que deben ser tomadas en consideración a la hora de evitar el reparo que para muchos profesionales supone exigir la firma de sus edificios.

Por lo demás, el derecho a la paternidad de la obra ofrece otra vertiente según la cual el autor podrá decidir si la divulgación de la obra ha de hacerse con el nombre del autor/autores, de su estudio, de un signo, logotipo, seudónimo o incluso anónimamente. De esta forma, el anonimato dejaría de ser una norma aplicada inconscientemente para ser un acto de voluntad de su autor, quien en cualquier momento podrá solicitar el reconocimiento de su autoría. Como contrapartida al derecho de paternidad, entenderemos que la omisión del autor o la errónea atribución a un tercero de la obra supondrán una vulneración de este derecho de de propiedad intelectual cuya reparación puede ser reclamada por cualquier arquitecto.

Otros derechos morales reconocidos legalmente son el derecho de divulgación o derecho del autor a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, entendiendo por divulgación su primer acceso al público al que vaya dirigida; o el derecho en absoluto secundario a acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro. En lo que a la arquitectura se refiere, el autor podrá acceder sin límites a sus planos, maquetas y demás materiales originales cuando no estén en su poder por alguna razón -entregados a un concurso o cedidos a una institución- y obviamente a la obra construida, si bien será necesario obtener las preceptivas autorizaciones.

Asimismo, existe un derecho moral de arrepentimiento, el cual no solo no se ejercita con frecuencia por los autores sino que se deduce de compleja aplicación a la obra arquitectónica. En su virtud, el autor tendrá derecho a retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación, lo que le permitirá la posibilidad de terminar con la difusión de la obra una vez su primera divulgación ha tenido lugar.

Por último, el derecho moral a la integridad de la obra constituye un derecho de importancia vital para la obra arquitectónica pues posibilita que el autor pueda exigir el respeto a su integridad e impedir, en consecuencia, cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación, lo que pone en manos del arquitecto una herramienta legal para impedir ciertas transformaciones. Así, el arquitecto deberá demostrar que la transformación perjudica sus intereses o menoscaba su reputación -conceptos jurídicos ciertamente indeterminados que la doctrina y jurisprudencia están llamadas a completar- así como lidiar con los conflictos de intereses que se deriven del derecho de propiedad o demás intereses públicos o privados. En contra del arquitecto actúa, como es sabido, que el derecho de propiedad otorga a su titular la facultad de usar y disponer jurídica y materialmente de la obra sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

En la práctica, este conflicto de derechos exige analizar qué interés debe primar, ¿el del propietario que infiere la transformación?, ¿el del autor que reclama la integridad de su obra? y de qué forma se ejecuta.

Desgraciadamente, no son muchos los casos de denuncia de vulneración del derecho de integridad por parte de arquitectos, quizás por el temor a la dificultad de contrarrestar argumentos generalmente referidos a la funcionalidad, la conservación o la obsolescencia y evolución de los sistemas técnicos esgrimidos por los propietarios para modificar la obra, todos ellos argumentos supuestamente objetivos ante los que la justicia puede plegarse. Sin embargo, debemos ser conscientes de que denunciar los ataques injustificados a la obra arquitectónica no solo constituirá un manifiesto personal, también será una contundente herramienta de difusión del valor colectivo de la arquitectura pues la transformación dañina de un edificio valioso es un acto antisocial que no repara en el hecho de que poseer una obra valiosa conlleva responsabilidades y renuncias que son compensadas con creces por la propia calidad conceptual, estética, intelectual y técnica que la obra aporta.

Obviamente, la modificación o incluso la destrucción de la obra podrá estar justificada en determinadas circunstancias -resolución judicial, seguridad-, si bien ello no debe impedir que sea necesario generar una sensibilidad respecto de aquellas modificaciones objetivamente innecesarias o que aun siéndolo puedan resolverse sin destruir la integridad de la obra. Así lo ha entendido la Audiencia Provincial del Bilbao al manifestar que en caso de no prevalecer el derecho moral sobre los demás derechos en conflicto, la alteración de la obra arquitectónica deberá realizarse de la forma más respetuosa posible con los intereses del autor, lo que en la práctica debería pasar necesariamente por consultar al arquitecto por cuyo criterio técnico y estético, precisamente, le hemos elegido.

De todo lo expuesto solo puede entenderse que tanto la ley como su aplicación jurisprudencial ponen a disposición del arquitecto un sinfín de derechos que podrán utilizarse de forma contundente frente a violaciones que supongan un atentado contra sus facultades morales.

Solo el ejercicio del derecho de una forma firme y activa protegerá al arquitecto de los desmanes de algunos clientes, usuarios o incluso de la Administración que actúa en ocasiones de manera contraria a lo que propugnan sus propias leyes. Hay que pasar a la acción para evitar que se perviertan los valores de las obras arquitectónicas y que tal perversión se considere indolentemente como parte del doloroso e imparable proceso de deterioro de la calidad arquitectónica de nuestras ciudades, algo con lo que todos convivimos y lamentamos.

Para terminar, una serie de palabras que definen a los derechos morales: irrenunciabilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inexpropiabilidad. Son las condiciones inherentes a los derechos morales, lo que significa que -según los casos- podrán ser ejercidos sin límite de tiempo por los autores o herederos, los cuales tendrán un papel relevante a la hora de conservar y divulgar una obra que debe ser de todos.

Eso es todo por hoy. Gracias a todos los que con tanto interés seguís estas crónicas.

 

Propiedad Intelectual y Arquitectura IV – edgargonzalez.com

 

Moral rights of ARCHITECTURAL WORKS 

                                                  

The very personal rights which go hand-in-hand with such works

As mentioned in our previous instalments, intellectual property grants a series of economic and moral rights to works which may be considered original. The first types of rights, as analysed in our second instalment, are those which entitle the owner to forbid or authorise the use of the works and, as the case may be, demand compensation for such authorisation. Nevertheless, moral rights tend to dissociate themselves from the aspect of ownership in order to protect more sensitive cases which are closely linked to the author’s personality and called upon to recognise and emphasise the uniqueness of the works.

Among those, the right to demand respect for the integrity of the works and recognition of the author’s position stands out. Such right, also known as the paternity right, affords the possibility to demand recognition of the author’s name, provided that a suitable material medium exists. Thus, it is difficult to mention the different authors of the resulting works in an advertisement, although this would not be the case in the architectural material medium – from the plan to the constructed works – where the architect’s name would be visible. What is striking is that such a clearly recognised right within intellectual property regulation is not often used in architectural practice. This does not only harm the author, who would regard the possibility of such recognition reduced, but the building of awareness towards architecture in relation to the recognition of the authorship of the constructed works directed at a public unaware of the discipline which constructs our cities. We must not forget that showcasing the author would not only be useful in protecting an asset which, aside from the owners, belongs to the public, but to establish a comparative, evaluation and incentive system of authorship which is aware of architectural creations. Both issues must be taken into account to prevent the unease suffered by many professionals with regards to attaching their name to buildings.

Moreover, the paternity right over the works offers another aspect according to which the author may decide whether the disclosure of the works should include the name of the author(s), their studio, a sign, logo, pseudonym or should even be anonymous. Such anonymity would cease to be a subconsciously applied regulation, instead considered as a voluntary act on the author’s behalf, who at any given time may request recognition of their authorship. As a contrast to the right of paternity, we shall deem that the author’s omission or the erroneous attribution to a third party would entail a breach of this basic intellectual property right, the remedy of which may be claimed by any architect.

Other legally recognised moral rights are the right to disclosure or the author’s right to decide whether their works must be disclosed and how. In this regard, disclosure is understood as the first display of the works to the intended audience; or the ancillary right to access a rare or unique copy of the works when in possession of another. In reference to architecture, the author may have unlimited access to their plans, sketches and other original materials which for whatever reason they are not in possession of – handed in as part of a tender or loaned to an institution -, as well as the constructed works.

Moreover, a moral right of regret also exists. Nevertheless, such right is not frequently exercised by authors and is subject to complex application to the architectural works. Thus, the author shall be entitled to remove the works from trading due to a change in their moral or intellectual beliefs, with the owners of the exploitation rights receiving compensation for damages. This would afford the author the possibility to cease displaying the works once the first disclosure thereof has taken place.

Lastly, the moral right to integrity comprises an essential right with regards to the architectural works since it enables the author to demand respect for such integrity and consequently prevent any deformation, modification, alteration or attack against it which damages their legitimate interests or reputation. This provides the architect with a legal tool for preventing their work being transformed under the aforementioned circumstances. Hence, the architect must show that such transformation not only damages their interests and reputation – undetermined legal concepts which doctrine and case law are called upon to settle -, but that they must also have to deal with conflicts of interest derived from the ownership right or other public/private interests. In contrast to the architect’s position, the ownership right grants its holder the faculty to use and legally have the works at their disposal under no more limitations than those prescribed by law.

In practice, such conflict of rights requires an analysis of which interest should take precedence – that of the owner who drives the transformation?, that of the author who claims integrity of his building? – and how it is exercised.

Unfortunately, there are not many cases whereby breaches of the integrity of the works have been reported by the architects. This may be due to a fear relating to the difficulty of counteracting the general arguments on functionality, conservation or obsolescence and development of the technical systems made by the owners in order to modify the works. However, reporting unjustified attacks on architectural works would not only imply a personal manifest, but would also be a convincing tool for communicating the collective values of the architectural works since the harmful transformation of a valuable building is an anti-social act which may not be remedied and possessing valuable works entails responsibilities and waivers which are more than compensated by the conceptual, aesthetic, intellectual and technical quality provided by the works.

Obviously, the modification of works may be justified in certain circumstances – judicial resolution, security -, although this does not go against the fact that it is necessary to create a collective sensitivity with respect to any unnecessary modifications or which despite being so, may be settled without destroying the integrity of the works. The foregoing has been considered by the Provincial Court of Bilbao, which has declared that if the moral right does not prevail over the other rights during conflict, the modification of the works shall be carried out in line with the author’s interests. In practice, this should then require consulting the author of the works originally chosen because of their technical and aesthetic criteria.

From all of the above we may only deduce that both the law and its application as case law provide the architects with an endless amount of tools which may be used convincingly against infringements deemed an attack against their moral rights.

Only the exercising of the right in an irrevocable and active manner would protect the architect from the disorderly conduct of some clients, users or even the Government, who on occasion act against the intentions of their own laws. We must turn to using the intellectual property right as a means of preventing a distortion of the values of the architectural works and such distortion being lazily considered as part of the damaging and unstoppable process of decline in the architectural quality of our cities, something which we regrettably have to live with.

To finish off, a series of words which define the moral rights: unrenounceability, inalienability, unprescribability, unseizeability and unconfiscatibility.  These are the conditions attached to the moral rights, i.e according to some cases they may be exercised by the authors or inheritors without limitations of time and shall have a significant role when it comes to conserving and disclosing works which may belong to all.

That is all for today. A big thank you to everybody who has been following these features with such interest.